En un movimiento controvertido, los interventores del ENACOM, Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, han decidido eliminar los topes que controlaban los aumentos mensuales en las tarifas de telefonía, internet y cable. La nueva disposición, publicada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, anula el DNU 690/2020 que, en el contexto de la pandemia, declaraba estos servicios como públicos esenciales y estratégicos, otorgándole al ENACOM la facultad de regular las tarifas.
Con esta medida, las empresas de comunicación y cable tendrán luz verde para fijar los precios que consideren convenientes, eliminando los límites previos que permitían aumentos mensuales entre el 5% y 10%. La normativa entrará en vigor con las tarifas de julio, y todo indica que los precios seguirán subiendo.
Pese a la libertad que ahora tienen las empresas para establecer sus tarifas sin límites ni regulación, esta medida podría resultar contraproducente. Según un estudio de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el 67,5% de los hogares argentinos han tomado medidas para reducir el costo de su servicio de internet fijo debido a la difícil situación económica de los últimos meses. Además, el 65,3% de los hogares también han reducido el costo de su servicio de TV paga.
El informe de CABASE señala que el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035. Considerando los ingresos promedio por hogar, este costo representa alrededor del 4% de dichos ingresos, mostrando una brecha significativa respecto al objetivo propuesto por la ONU. Además, esto significa un retroceso en comparación con la medición anterior del CABASE Internet Index de septiembre del año pasado, donde el costo de los servicios básicos de conectividad equivalía al 3% de los ingresos de los hogares.
Con el nuevo panorama regulatorio, se espera que los hogares argentinos enfrenten mayores desafíos para mantener sus servicios de telecomunicaciones en medio de un contexto económico complicado.
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